Nueva York se pone a la cabeza de las ciudades que quieren prohibir a Airbnb, conocida como el Uber de la hotelería.

¿Qué tienen en común Nueva York, Paris y Barranquilla? Que se oponen con insólitas medidas legales contra los dos principales símbolos de la nueva economía colaborativa: Uber y Airbnb. El gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, medita por estos días si sanciona una ley aprobada por el Senado que prohibiría a los habitantes de la ciudad rentar sus viviendas por periodos cortos (menores a treinta días), en lo que se conoce como la “ley anti Airbnb”. Por su parte, la alcaldía de Barranquilla comenzó hace un par de semanas a castigar a los ciudadanos que utilicen el servicio de transporte Uber, con lo que “la puerta de oro de Colombia” ingresó al pequeño pero inquietante club de una veintena de ciudades que se empeñan en prohibir el consumo colaborativo.

Airbnb es una plataforma mediante la cual las personas ofrecen por pocos días su propia vivienda para alojamiento de turistas y visitantes. Es el mismo modelo de negocio de Uber, bajo el cual los ciudadanos ofrecen y demandan servicios directamente entre ellos, sin pasar por los canales tradicionales y formales, como las empresas de taxis o los hoteles. El auge de este nuevo tipo de negocio directo entre la gente ha desatado la furia de los taxistas y de los empresarios hoteleros, que se siente severamente amenazados. Y a pesar que la Unión Europea trazó recientemente una directiva clara invitando a los países miembros a proteger las nuevas formas de lo que se conoce como “economía colaborativa”, de las que Uber y Airbnb son apenas los dos ejemplos más populares, algunas grandes ciudades han dado pasos en sentido contrario. La alcaldía de Paris ha pedido a los ciudadanos que delaten a sus vecinos que rentan viviendas mediante la plataforma Airbnb, mientras Barcelona y Madrid negocian con esta compañía el pago de impuestos por hotelería y turismo.

Todo parece indicar que Airbnb tendrá las cosas más difíciles que Uber. Los alcaldes de estas ciudades se quejan de que el crecimiento de Airbnb trae un impacto negativo en la recaudación de impuestos por hotelería y turismo (una caída del 4 por ciento, equivalente a 76,5 millones de dólares al año en el caso de Nueva York), aunque desconocen las cifras de ingresos y generación de empleo que a su vez esta actividad genera entre los ciudadanos.

A pesar de que las administraciones de estas ciudades apoyan sus decisiones “anti Airbnb” en razones tributarias, la verdad detrás es la misma de siempre: la presión de poderosos gremios económicos con suficiente fuerza local para poner a los políticos de su lado y hacer aprobar leyes que protejan sus negocios tradicionales. En Nueva York pudo verse claramente la influencia que tuvo el Hotel and Motel Trade Council, que desde 2014 se queja de la caída de la ocupación hotelera debido al auge de las ofertas Airbnb. El gremio desestimó las acusaciones de los defensores de la economía colaborativa, para quienes los costos de alojamiento en hoteles formales en Nueva York llegaron a ser tan exagerados, que crearon las condiciones propicias para que prosperara el modelo Airbnb, tal como el reconocido mal servicio de las empresas de taxis en casi todo el mundo dio lugar a la popularización de Uber.  Se estima que al menos el 8 por ciento de la oferta hotelera en la ciudad está en manos de la plataforma Airbnb. De aprobarse la ley, cualquier ciudadano neoyorquino que rente su casa por menos de treinta días recibirá una sanción de 1.000 dólares, que podría subir a más de 7.000 si es reincide. Es la primera ciudad en el mundo que intenta tal cosa, como es Barranquilla la primera en el mundo en castigar a quien tome un servicio de Uber.

Publicado originalmente en SEMANA, edición 1.782, 2016