La decisión de poner fin al principio de neutralidad en la red, adoptada por el gobierno norteamericano, puso los pelos de punta a autoridades y usuarios de la Web en todo el mundo.

Una semana después de la bomba de Jerusalén, el gobierno de Donald Trump desató otra tormenta, esta vez en el mundo de las telecomunicaciones. En la reunión del pasado jueves, la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), el organismo que regula el sector, decidió por tres votos contra dos la derogación de un decreto de 2015 establecido por el gobierno de Barack Obama, que garantizaba a los ciudadanos norteamericanos la Internet como un bien público, al que todos tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones, tal como el agua y la electricidad. Neutralidad en la red significa que los poderosos portales Web como Google o Facebook, con miles de millones de usuarios, corren por la misma autopista de datos por la que corren el blog de un modesto viajero que publica sus crónicas o el de un estudiante de gastronomía que comparte sus recetas con una pequeña comunidad de amigos. Los operadores de telecomunicaciones, quienes aportan en el ecosistema las autopistas – esto es, los cables submarinos, los satélites, las antenas y la fibra óptica para conectar a las personas – estaban obligados a tratar a todos sus clientes por igual. Esto terminó el jueves.

A partir de ahora, los operadores norteamericanos podrán hacer realidad su viejo sueño de exprimir a los grandes consumidores de tráfico en Internet, cobrando tarifas diferenciales que, por supuesto, Facebook, Google y Netflix podrán pagar sin despeinarse, dados sus enormes ingresos. Pero los pequeños tendrán que conformarse con el carril lento de la autopista de la información, lo que provocará una Internet de dos o más velocidades. No es un asunto de caja registradora. La decisión de la FCC mina los cimientos del único bastión libre que quedaba en pie en el mundo: Internet. Los operadores de telecomunicaciones norteamericanos tienen ahora la potestad de limitar o restringir el tránsito por sus redes a quienes no tengan el músculo financiero para pagar el peaje, tal como ocurre por ejemplo en México con las vías rápidas para automóviles, por las que pueden transitar quienes paguen el acceso.

Estados Unidos es esencial en las telecomunicaciones globales. La mayoría de las redes de cables submarinos pasan por sus aguas, de tal modo que un correo electrónico escrito en Bucaramanga y dirigido a alguien en Barcelona, muy probablemente pasará (en fracciones de segundo) por uno de los backbone situados en territorio norteamericano y estará sujeto a las condiciones de operación allá, antes de llegar a su destino. Lo que Estados Unidos haga o deje de hacer impacta sensiblemente al negocio mundial de las telecomunicaciones, razón por la cual la noticia desató una reacción enorme. Procuradores generales de varios estados anunciaron ese mismo día que demandarán la decisión. Eric Schneiderman, procurador de Nueva York, dijo que “los neoyorquinos merecen una Internet libre y abierta”, mientras que el procurador de California (el territorio de las grandes tecnológicas que tendrán que pagar la vacuna) ratificó su compromiso de “asegurar que Internet continúa representando libertad y oportunidad, innovación y justicia”. Jessica Rosenworcel, uno de los dos comisionados que votaron en contra de derogar la neutralidad dijo que “como resultado de la acción equivocada de hoy, nuestros proveedores de banda ancha tendrán el poder de bloquear sitios web, restringir los servicios y censurar el contenido en línea. Tendrán derecho a discriminar y favorecer el tráfico de Internet de aquellas compañías con las que tienen acuerdos de pago y el derecho a enviar a todos los demás a un camino lento y lleno de baches”.

Ajit Pai, el director de la FCC, responsable directo de ejecutar esta decisión y nombrado en el cargo a comienzos del presente año por el presidente Trump,  es un personaje rocambolesco, que va a la oficina en monopatín, sonríe todo el tiempo aun en las situaciones más tensas y apareció en televisión hace poco disfrazado de Papá Noel burlándose de los defensores de la neutralidad en la red. Por años fue el abogado principal del poderoso operador de telecomunicaciones Verizon, por lo que es imposible ocultar los intereses que defiende con esta medida. Fue público el lobby que Verizon, Comcast y Warner realizaron por años para promover lo que finalmente el gobierno de Trump les ha concedido. Y muy al estilo de la campaña electoral del presidente, el director de la FCC fue acusado de inventar millones de mensajes de respaldo a la decisión y de eliminar del sitio web oficial de la Comisión, miles de pronunciamientos del público en contra de su iniciativa. Incluso se le acusa de inventar un falso ataque hacker contra el sitio web del organismo gubernamental, para hacer ver muy mal a los defensores de la neutralidad.

Los argumentos de Pai y de los operadores norteamericanos que tumbaron la neutralidad consisten básicamente en señalar que el modelo anterior desestimula la inversión en infraestructura y que con el nuevo esquema va a dispararse la evolución de las redes, la ampliación de cobertura y la adopción de tecnologías más avanzadas que  beneficiarán a todos los consumidores. Desestiman la posibilidad de que el peaje que los grandes pagarán será transferido a los usuarios, y lo único que dejaron positivo en la decisión del jueves es que los operadores estarán obligados a hacer públicas las restricciones que impongan, de tal manera que el asunto sea transparente para los ciudadanos.

Qué podría ocurrir

Todos los grandes operadores de telecomunicaciones del mundo han presionado por años para que se les permita cobrar algo a las grandes tecnológicas que han hecho una fiesta pantagruélica sobres sus redes, sin pagar por ello, como es el caso de Google, Facebook, Netflix y otras. Parece justo, pero provocará la aparición de dos tipos de Internet, la de los ricos y la de los demás. Por otra parte, los defensores de la neutralidad señalan un hecho incontrovertible: quedan bajo amenaza la innovación, el emprendimiento y el surgimiento de nuevos servicios en Internet. Cuando Netflix era apenas una pequeña startup, no habría podido pagar por expandirse hasta donde llegó hoy. No habrá nuevos competidores para Netflix, ni para Google, porque será difícil competir con esos gigantes en materia de acceso y conectividad. Cuando Google era un emprendimiento de garaje de dos estudiantes, pudo vencer a la entonces poderosa Yahoo! precisamente porque competía en igualdad de condiciones. Tal historia heroica de negocios podría no repetirse nunca más.

Un operador podrá eventualmente ofrecer paquetes de datos a sus clientes que incluyan navegación general por Internet con restricciones. Habría que tomar un plan un poco más costoso para tener acceso a Youtube, por ejemplo. El peor escenario es el de operadores de telecomunicaciones que también ofrecen servicios de contenido en los que rivalizan con empresas tecnológicas. Por ejemplo, un operador que ofrezca servicios de video por demanda, podría ofrecer gratis sus películas y cobrar muy caro por acceso a las series de Netflix, con lo que torcería a su favor la competencia en el negocio del streaming de video.

Y una última consecuencia posible, de la que pocos quieren hablar, sería la censura política a través de las restricciones de tránsito sobre las redes de los operadores, aplicadas contra sitios Web de oposición.

Por ahora la neutralidad en la red cayó solo en Estados Unidos. Europa tiene leyes que blindan el libre acceso, pero hay legislaciones diferentes en cada país. En Colombia está consagrada por la ley la neutralidad en la red y los gobiernos de los últimos 20 años han sido claros en defender dicho principio. El ministro de Tic, David Luna, se pronunció ese mismo día en defensa de la neutralidad: “No compartimos dicha decisión…en Colombia continuaremos trabajando por conservar este principio, que permite proteger tanto a los consumidores como a la libre competencia” afirmó.

No es claro todavía el impacto que la decisión norteamericana tendrá y cabe todavía la posibilidad de que la presión de los demócratas, de las ONG y de las grandes tecnológicas de Silicon Valley puedan revertir la decisión. De hecho, ya anunciaron demandas y hubo manifestaciones importantes en varias ciudades. Habrá que esperar hasta 2018 para conocer el desenlace.

Publicado originalmente en revista SEMANA, edición 1859, diciembre de 2017