Bajo la promesa de servir a la seguridad ciudadana, autoridades instalan sistemas de videovigilancia masiva que, en las manos incorrectas, podrían amenazar la privacidad y los derechos humanos.

Por Álvaro Montes

Colombia está ingresando en la era – muy cuestionada – del reconocimiento facial en la videovigilancia de los ciudadanos. El pasado jueves, durante las manifestaciones convocadas por Fecode, la Secretaría de seguridad de Medellín estrenó los primeros drones dotados con cámaras que identificaron a cada uno de los participantes en las protestas pacíficas. El sueño tecnológico de los policías en todo el planeta es vivir en una ciudad sembrada de cámaras con capacidad de reconocimiento facial, la nueva quimera de un mundo más seguro; pero una cosa es combatir el crimen callejero, y otra identificar manifestantes políticos.

La Corte Constitucional prácticamente las pidió en su reciente fallo sobre foto multas. En Medellín y Envigado están en funcionamiento plataformas de reconocimiento facial desde hace cuatro años y ya algunos congresistas preparan proyectos de adopción de este tipo de tecnologías. La video vigilancia masiva está por explotar en todo el país.

San Francisco, la capital mundial de las innovaciones, recién prohibió el reconocimiento facial, tal como acaban de hacerlo Oakland, Portland, Sommerville, y otras ciudades. Alemania lo prohibió para su policía y Francia lo prohibió en las instituciones educativas. La Unión Europea discutió acaloradamente el tema y la semana pasada expidió un documento en el que advierte a los países miembros sobre los riesgos que trae la videovigilancia masiva. La razón del creciente rechazo es que causa más problemas de los que soluciona, y los derechos humanos y la privacidad son las primeras víctimas de las cámaras, antes que los infractores del tránsito y los delincuentes.

Aunque existe desde hace cuarenta años, el reconocimiento facial está todavía en pañales. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles puso a prueba un sistema de reconocimiento facial que confundió a 28 congresistas norteamericanos de raza negra con criminales de las bases de datos del FBI. Y la Universidad de Essex hizo un estudio sobre la precisión de las cámaras londinenses y encontró que son “increíblemente inexactas”, con ocho reconocimientos acertados en 42 intentos. Los fabricantes de estas tecnologías, por supuesto, publican indicadores de precisión mucho más altos y es innegable que el reconocimiento facial está en rápido perfeccionamiento, lo cual puede llegar a ser aterrador cuando cae en manos de autoridades proclives a espiar ciudadanos, al abuso de poder y a las chuzadas. Los defensores de los derechos humanos se oponen a esta tecnología porque expande el temible estado de vigilancia y acerca como nunca antes, la profecía orwelliana del gran hermano.

Bogotá realizó un fallido intento hace algunos años, con la instalación de cámaras con reconocimiento facial en estaciones de Transmilenio. Fue un fiasco que terminó con sanción de la Personería distrital sobre el entonces subgerente técnico del Fondo de Vigilancia y Seguridad, Ricardo Ramírez, quien instaló las cámaras y olvidó el pequeño detalle de que se necesita una base de datos con fotos e información ciudadana para cotejar lo que las cámaras captan. Bogotá invirtió más de 11.000 millones de pesos y esa platica se perdió.

A Medellín le fue mejor. Desde 2016 se instalaron 170 cámaras con software de reconocimiento facial de la compañía NEC, en el estadio Atanasio Girardot. También en el metro, y ahora la ciudad es vigilada por drones dotados con esta tecnología. La alcaldía está satisfecha con los resultados.

El problema no reside en las cámaras en general, sino en las que están conectadas a sistemas de reconocimiento facial basados en Inteligencia Artificial, porque son usadas en muchas ciudades para ampliar los sesgos de las autoridades contra minorías étnicas o contra los derechos políticos de los ciudadanos. En Colombia los datos biométricos están incluidos en la Ley de Protección de Datos y se consideran sensibles, lo que significa que ninguna autoridad puede utilizarlos por ahí a su antojo. Puede ser que a la mayoría de los colombianos les importe muy poco esto, pero en otras latitudes el derecho a la privacidad hizo que fueran retiradas de las calles numerosas plataformas de reconocimiento facial. El debate comienza.