El voraz apetito de la alcaldesa de Bogotá por la video vigilancia hará que el Distrito incurra en nuevos gastos para mantener un sistema de comparendos que está prohibido por la Corte Constitucional. Gremios de taxis presentan demanda masiva.

Por Álvaro Montes

La alcaldía de Bogotá anuncia que echará mano del reconocimiento facial para solucionar el grave lio que la misma alcaldía creó, cuando decidió utilizar la videovigilancia para cazar infractores de tránsito.

La decisión de la alcaldesa Claudia López de mantener su sistema de cámaras – a las que llama “salva vidas”, para ocultar el propósito evidente de recaudo que tienen las foto multas – constituyó una actuación ilegal y arbitraria, puesto que una sentencia de la Corte Constitucional establece que los conductores de los vehículos no deben ser solidariamente responsables por las foto multas. En concreto, la sentencia C-038  declaró inexequible la solidaridad entre el propietario del vehículo y el conductor infractor. Esto quiere decir que el comparendo por exceso de velocidad debe imponerse solamente sobre el conductor, y no sobre el propietario del vehículo. Y como no es posible establecer quién conducía el vehículo al momento de la infracción, sino solamente la matrícula del auto, la Corte consideró que el propietario no tiene por qué ser castigado. “Se debe demostrar que la infracción fue cometida de manera culpable, es decir, sin que sea factible una forma de responsabilidad objetiva”, dice la sentencia 038 de 2020, de la Corte.

La “jugadita” de la secretaría de movilidad

Los propietarios de automóviles tienen una forma de defenderse de los comparendos arbitrarios.   Pero el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, es un hombre listo y encontró la “solución”: imponer la multa al propietario (aunque no pueda demostrar quién iba al volante) y esperar tres días a que el propietario se acerque y demuestre que no conducía el auto en el momento de la infracción. Si logra demostrarlo, que a salvo. Lo que ha sucedido en realidad es que la mayoría de los propietarios ni se entera del proceso en su contra, o se entera semanas después, cuando la autoridad ya ha aplicado la sanción porque el acusado no se presentó dentro del plazo indicado. Toda una “jugadita” de la secretaría de movilidad de Bogotá para incrementar sus recaudos ignorando deliberadamente un fallo de la Corte.

“A los ciudadanos que les están cobrando la foto multa no los han vencido en juicio, pero al tercer día ya están aplicados los comparendos“, se quejó Hugo Ospina, líder de los gremios de taxistas de la capital, quienes preparan una demanda masiva. Los gremios de taxistas solicitaron a la Procuradora General de la Nación que, dado que la alcaldesa y el secretario de movilidad actúan dolosamente, los suspenda del cargo. El artículo 243 de la Constitución Politica Nacional establece que todos los conceptos de las altas cortes, fallos y sentencias son de obligatorio cumplimiento. No importa si te llamas Claudia López, debes acatar las sentencias.

Lo que ha sucedido en realidad es que la mayoría de los propietarios ni se entera del proceso en su contra, o se entera semanas después, cuando la autoridad ya ha aplicado la sanción porque el acusado no se presentó dentro del plazo indicado. Toda una “jugadita” Y es que hay que ser muy cándido para creer en la intención de “salvar vidas” que tienen los comparendos. Cali, Medellín y muchas otras ciudades mantuvieron las foto multas porque representan un ingreso de recursos constante y adicional en los planes financieros de los municipios. Una mina de oro que los alcaldes no quieren abandonar, aun si lo ordena un fallo de la Corte Constitucional.

Nicolás Estupiñán, el secretario de movilidad de Bogotá, dijo que “estamos citando a los propietarios de los vehículos, no en calidad de infractor, sino en calidad de propietario del vehículo para que rinda testimonio y explique qué fue lo que pasó“. No obstante, ese argumento controvierte principios constitucionales. En la oficina de movilidad le piden a los propietarios que bajo la gravedad de juramente informen quién iba manejando el vehículo, “pero el artículo 33 de la Constitución prohíbe citar a declarar a alguien en contra de sí mismo o en contra de su núcleo familiar“, sostiene Ospina.

Además se viola el debido proceso y el principio de legalidad, puesto que en Colombia la carga de la prueba debe ponerla el Estado. Un ciudadano no tiene que demostrar su inocencia, sino que el ente acusador debe demostrar la culpabilidad.

La tabla salvadora

Consciente de que su “jugadita” es insostenible, y que ya los organismos de control decidieron intervenir, la alcaldesa López decidió solucionar el problema de raíz: identificar a quien conduce el vehículo infractor. Y allí entra el reconocimiento facial que anunció la alcaldesa la semana pasada. Ya que la Corte ordenó que no puede aplicarse una multa si no se ha identificado al conductor, Claudia López cree que la avanzada tecnología de reconocimiento facial vendrá en su auxilio. Pero no es tan fácil.

Londres es la ciudad europea que mostró mayor interés en la videovigilancia de los ciudadanos. En la capital inglesa no se intentó engañar a nadie con el eufemismo de “salvar vidas”, sino que la tecnología fue presentada claramente como una estrategia de control de la delincuencia.

El reconocimiento facial puede ser utilizado positivamente para mejorar la seguridad, para simplificar trámites o para servicios médicos, no para perseguir ciudadanos que tratan de llegar a su trabajo conduciendo en las lentas calles bogotanas.Pero los resultados no han sido satisfactorios. Un informe de El País, indica que “se sabe, por ejemplo, que el año pasado se escanearon como mínimo los rostros de 8.600 personas sin su consentimiento en una sola semana en Oxford Circus, uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Y que de las ocho personas a las que se paró, al considerar el sistema que se trataba de sospechosos, solo una estaba realmente buscada por la policía, lo que arroja un 86% de falsos positivos.

Bogotá necesitará un despliegue de bases de datos con los rostros de todos los habitantes de la ciudad, administrado por un sistema inteligente que identifique quién conduce cada uno de los centenares de autos que pasan en un segundo frente a una cámara de la autopista Norte, por citar un caso concreto.  La implementación de un proyecto de esta naturaleza no podrá realizarse en lo que resta del periodo actual de los alcaldes colombianos. Probablemente, será necesario al menos un periodo completo más, y salvar escollos como la inexistencia de un marco regulatorio en el país para el reconocimiento facial.

Entre tanto, invertirá en software y bases de datos que no serán utilizados en el corto plazo, por imposibilidades técnicas y regulatorias. Para entonces, Claudia López ya habrá abandonado la alcaldía y la plataforma reposará en las bodegas de la plata mal invertida de la capital del país. El reconocimiento facial puede ser utilizado positivamente para mejorar la seguridad, para simplificar trámites o para servicios médicos, no para perseguir ciudadanos que tratan de llegar a su trabajo conduciendo en las lentas calles bogotanas.