Europa impuso controles severos sobre las redes sociales y Estados Unidos avanza en esa dirección. ¿Será capaz el nuevo gobierno colombiano de centro izquierda de hacer lo mismo?

Por Álvaro Montes

Tras una intensa batalla electoral, en la que los candidatos en contienda, de todas las orillas, exprimieron hasta el abuso las posibilidades tecno políticas de las redes sociales, surge una pregunta: ¿Qué debería ocurrir en Colombia con ese escenario grotesco de matoneo, racismo, xenofobia, desinformación y noticias falsas en que las campañas convirtieron a Twitter, TikTok y Facebook?

Nadie en el gobierno entrante ha planteado por ahora ninguna medida ni iniciativa legislativa en relación con este problema, hay que decirlo. Pero la atmósfera de reconciliación y las propuestas de cambio que promueve el gobierno de Gustavo Petro hacen pensar que en el país ya no debería haber lugar para las estrategias del tipo “cacas y king kong” ni “correr la línea ética“, ni espionaje en zoom a las reuniones internas de los partidos, ni inventar frases que el rival político no ha dicho, ni nada de eso. De hecho, Europa decidió no permitirlo más, con su reciente Ley de Servicios Digitales, que se propone erradicar el contenido tóxico. En España, Twitter cerró sin contemplaciones la cuenta de un asesor del derechista partido Vox cuando este publicó trinos racistas y machistas contra voceras de la izquierda. Alemania fue el primero de los países europeos en levantar fuertes medidas de protección a la honra y dignidad de las personas y las empresas propietarias de las redes sociales se exponen a duras sanciones si no censuran los contenidos de odio. Hasta en Estados Unidos se explora esa ruta.

Twitter afronta por estos días un serio conflicto con el gobierno indio, que le exige eliminar tuits y bloquear cuentas que violan las leyes del país. La red social prefirió enfrentarse al gobierno elegido democráticamente más grande del mundo, y se niega a censurar los contenidos. ¿Cómo es que las redes sociales son tan obedientes con los gobiernos europeos y tan altaneras con India y Colombia?

La atmósfera de reconciliación y las propuestas de cambio que promueve el gobierno de Gustavo Petro hacen pensar que en el país ya no debería haber lugar para las estrategias del tipo “cacas y king kong” ni “correr la línea ética“, ni espionaje en Zoom a las reuniones internas de los partidosEl tema en nuestro país tiene varios ángulos problemáticos. El primero es que a las redes sociales y a las grandes tecnológicas, literalmente, les importa un comino ese problema en territorio colombiano. Twitter ignoró las continuas y sistemáticas violaciones a sus propias reglas de uso cometidas por personajes públicos, como la cantante Marbelle, el hoy representante a la Cámara conocido como Polo Polo o el activista uribista Emilio Arboleda, para citar unos casos emblemáticos. Durante la reciente campaña electoral no se aplicó ni una sola sanción por difundir mensajes que pisotean los reglamentos de Twitter, los cuales prohíben expresamente “fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género…”

Mientras en Europa y cada vez más en Estados Unidos, la opinión pública, las instituciones y los activistas digitales están de acuerdo en la necesidad de poner límites severos a las redes sociales como única manera de proteger la democracia, en Colombia predomina la idea de que controlar las redes significaría un acto de censura y afectaría la libertad de expresión. Esta equivocación se origina en el desconocimiento que se tiene en el país del funcionamiento de los algoritmos, de su poder manipulador sobre la opinión pública, y de una falsa creencia en que estas plataformas tecnológicas son como una especie de ágora griega, ese espacio que pertenece a los ciudadanos y en el que supuestamente cobra vida la democracia.  Las redes sociales son espacios privados, pertenecen a conglomerados internacionales y están regidos por reglas que la mayoría desconoce. Y así como los medios de comunicación están sujetos a normas claras de conducta, estas empresas tecnológicas, tan privadas como los medios tradicionales, deberían estar sujetas también a regulaciones.

Para un gobierno de centro-izquierda constituye un desafío tomar posición en este tema: por una parte, nadie en Colombia tiene las manos limpias en cuanto a estrategias de tecno política. Así que nadie quiere lanzar la primera piedra. Pero, además, proponer iniciativas de control sobre las redes podría dar pie a la oposición para desempolvar su vieja consigna de que Gustavo Petro quiere coartar la libertad de expresión. Cada gobierno y cada congresista que en el pasado intentó llevar esta discusión al Congreso recibió todo el palo posible. Desde Germán Vargas y la famosa “Ley Lleras” que fue derrotada en 2011, hasta las iniciativas de Margarita Restrepo o de Jaime Amín, del Centro Democrático.

El excongresista Mauricio Toro, conocedor de los temas digitales, es defensor de la neutralidad tecnológica y es contrario a generar regulaciones que puedan restringir las libertadas individuales de las personas a expresarse. “Lo que hay que hacer es un gran pacto o compromiso con estas empresas que operan en Colombia, para avanzar en los protocolos que eviten la desinformación“. Toro advierte que no es conveniente una regulación y menos, en este momento, en cabeza de un gobierno al que ha tratado previamente de tildar de censurador; “no sería políticamente correcto y generaría preocupaciones frente a la neutralidad de red y las libertades individuales”.

Nicola Stornelli, analista de tendencias digitales, propone regular a los influenciadores, más que a las redes, porque esto último implica entrar en linderos de la economía internacional. “Es necesario crear unos linderos entre los influenciadores y el periodismo, porque los primeros están desinformando, venden productos no certificados y gozan de exposición que los convirtió prácticamente en medios de comunicación“. Stornelli cree que la iniciativa que se discute en México actualmente es un buen ejemplo de lo que debería hacer en relación con el fenómeno de los “influencers”.

“Mas que regular las redes sociales para atajar los discursos dañinos, vemos necesario que las autoridades se tomen en serio la violencia que ocurre en internet“, dice Catalina Moreno, coordinadora de Línea Inclusión Social, de la Fundación Karisma. Policía, Fiscalía, comisarías de familia y jueces pueden investigar, tener indicadores sobre la violencia y atender a las personas con prioridad, y con enfoque diferencial de género o de raza, dice la experta. “Es lo que vemos necesario por ahora para atender la violencia en internet”.

Es poco probable que alguien en el nuevo Congreso se le mida a llevar de nuevo el tema a la mesa. El costo político es alto y nadie quiere pagarlo, a pesar de que en las democracias más sólidas del mundo se discuten medidas fuertes de control sin que eso suponga atentar contra las libertades ni contra el derecho a la expresión.

Publicado originalmente en: CAMBIO, 24 de julio de 2022