Es claro que habrá regulación y ya conocemos sus principales puntos.

La comisión accidental creada en la Comisión Sexta de Senado trabaja a esta hora en la unificación de ocho proyectos de ley radicados en la presente legislatura, que proponen regulaciones para preparar al país frente al impacto y la oportunidad de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Colombia tendrá un marco de normas sobre la materia, eso es seguro, y los proyectos de ley en cuestión dejan claro el enfoque que diversos congresistas y el propio gobierno han dado al problema.

Derechos humanos, control a los sesgos, protección del empleo, política de datos y hasta aplicación en la reducción de siniestros viales, son propuestas contenidas en los proyectos que reposan en la Comisión Sexta. Sin duda, el proyecto más interesante, por su alcance ambicioso y la comprensión que demuestra de la esencia del reto que la IA pone frente al país, es el que presentó el senador David Luna, conocedor de estos temas. Se trata de una iniciativa para estimular la consolidación de la industria electrónica colombiana, como base para aprovechar realmente la cuarta revolución industrial. Es claro que no aprovecharemos a fondo la oportunidad tecnológica que tenemos ante nuestros ojos, si nos limitamos a comprar licencias de ChatGPT y a formar programadores. Eso es más de lo mismo. Los países latinoamericanos necesitan construir un poco de soberanía tecnológica nacional y esta pasa por disponer de una industria propia del hardware. Hay suficiente ilustración acerca de la relevancia de los chips en esta revolución. No es tanto en el software como en los chips en donde reside la verdadera batalla global por la hegemonía tecnológica. Lo expliqué en Inteligencia Artificial, la revolución que cambiará todo (Editorial Planeta, 2024), lo han señalado los expertos internacionales y lo dicen las cifras de la economía mundial. El proyecto de Luna prevé estímulos fiscales para las empresas nacionales de electrónica.

Algunos son bastante gaseosos, como el que presentaron los senadores Pedro Flórez, Soledad Tamayo, Sandra Ramírez, Julio Elías, Sandra Jaimes y Gustavo Moreno, que propone garantizar la ética de la IA exigiendo que cualquier sistema público o privado que utilice tecnologías de inteligencia artificial deberá hacerlo visible e informarlo claramente a los usuarios. No hay nada malo con esto, pero debería ser tan solo un artículo dentro de un proyecto de Ley más ambicioso y efectivo. El proyecto también propone que el gobierno cree un marco ético para el uso de la IA en el país, desconociendo que ya existe para el caso de implementaciones en el sector público.

Los demás proyectos de Ley se enfocan en diversos aspectos del problema:

PL-091-2023S, mediante la cual se establece el deber de información para el uso responsable de la inteligencia artificial, el cual se aprobó en primer debate el pasado 23 de abril, en la comisión Sexta del Senado

PL-059-2023S, cuyo propósito es establecer principios orientadores en materia regulatoria y de política pública en todo aquello relacionado la implementación de la IA. Aprobada ponencia para primer debate.

PL 225-2024S, reformaría el Código Penal para la tipificación de delitos cometidos a través de la Inteligencia Artificial, publicada ponencia para segundo debate

PL-130-2023S, que crea la armonización de la inteligencia artificial con el derecho al trabajo de las personas. Aprobado en primer debate. Este en particular es considerado como muy relevante, porque nadie puede negar que la IA constituye una amenaza sobre el empleo, en cualquier país, sea rico o pobre, potencia económica mundial o nación en desarrollo. La reciente Ley europea que entró en vigor en junio pasado incluye este tema: Nadie puede despedir a sus trabajadores cuando incorpore robots y plataformas de IA en sus procesos.

PL 447-2024C, Ley de Datos, presentado recientemente por Gobierno, en cabeza del ministro de las Tic, el cual fue aprobado en primer debate el 4 de junio.

PL 255-2024S, que establece lineamientos de uso de IA para mejorar la eficiencia en la disminución de siniestros viales está pendiente presentar ponencia para primer debate. Aún pendiente de discusión en primer debate.

El ministerio TIC radicó un proyecto sobre datos, con el que busca facilitar el uso y reúso de datos para la implementación de sistemas de inteligencia artificial. El ministro Mauricio Lizcano asegura que el proyecto es respetuoso de la Ley de Datos que existe en el país hace más de doce años y que no pone en riesgo el derecho a la privacidad de los mismos. “Los datos son la base para desarrollar Inteligencia Artificial. Si queremos que Colombia se vuelva en país productor de tecnología, necesitamos datos. Por eso, con este proyecto las entidades estatales se obligarían a producir unos datos relevantes e importantes, obviamente con privacidad, para que sean usados por el Gobierno con interoperabilidad.”, dijo el ministro cuando radicó el proyecto de Ley.

Necesitamos una ley

Es claro que Colombia necesita un marco regulatorio sobre la inteligencia artificial. El mayor experto en este campo, el abogado Juan David Gutiérrez, investigador internacional de regulación en tecnología, afirma que “aunque no se produzcan en Colombia, aquí se utilizan los grandes modelos de lenguaje, así que necesitamos reglas”.

¿Les parece mucho que tengamos en la mesa ocho proyectos de Ley sobre IA? En Brasil hay 130 proyectos radicados y diez países latinoamericanos discuten a esta hora regulaciones de este tipo. Ya casi nadie se pregunta si debemos regular o no, sino cómo hacerlo.

No obstante, como siempre hay gente que quiere ser más papista que el Papa, dos voces se pronunciaron en una audiencia pública convocada por la Comisión Sexta del Senado. Carlos Esguerra, presidente Adapri (Asociación Colombiana de Datos y Privacidad) asegura que los riesgos señalados en los diversos proyectos de Ley ya están cubiertos en la legislación existente. ¡Eso dijo! Y Santiago Marroquín, de AmCham, cree que el Congreso se ha precipitado a regular prematuramente, y que necesitamos evaluación, sector por sector de la economía, para identificar en dónde regular y en dónde no. Fue increíble escuchar estas afirmaciones, que ni siquiera se escuchan en Estados Unidos, en donde hasta el CEO de Open AI, Sam Altman, acudió al Congreso para pedir regulaciones estrictas. Esto es Colombia.

Finalmente, hay que destacar el interés de los congresistas en meterle mano al tema, y el acertado enfoque de la mayoría de las iniciativas radicadas. Algunas son muy específicas, pero todas en conjunto apuntan a la creación de un marco legal interesante y avanzado.