Cuatro observaciones sobre el proyecto de Ley 152 que reformará las TIC en Colombia.

El sólo título del mismo nos indica el mensaje que el gobierno quiere transmitir: que el sector TIC colombiano está atrasado, anticuado y maltrecho, y que Iván Duque y la ministra Sylvia Constaín están aquí para “modernizarlo”. Los empresarios están felices. El proyecto atiende todos y cada uno de sus requerimientos. La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), en la voz de su presidente Alberto Samuel Yohai, ha dicho que respalda el proyecto y que ayudará a promoverlo. Y ¿cómo no?, si el propio Yohai estuvo en la inspiración del mismo y hasta hizo parte del equipo de empalme en el MinTic. Y no es que sea malo que los empresarios estén felices. Muchas veces los intereses de la industria coinciden con los del resto de la sociedad. Pero no siempre.

¿Qué se puede decir, a manera de primeras impresiones, acerca del proyecto de Ley?:

Uno, que se enfoca en temas que realmente se necesitan para fortalecer el negocio y la industria de TIC y de telecomunicaciones en el país. Por eso los empresarios del sector están satisfechos.

Dos, que el MinTIC concertó las ideas fundamentales del proyecto de Ley con los empresarios – lo cual no tiene nada de malo ni extraordinario – pero no consultó a nadie más. La academia, las ONG que trabajan en el cierre de brecha digital o en la veeduría de los delicados temas de libertades digitales o gobernanza de Internet, no fueron consultadas ni convocadas. El gobierno de Duque sólo conversa con los empresarios. Es la vieja lógica neoliberal según la cual, si a los empresarios les va bien, al resto del país le irá bien, por carambola. Y que la tecnología nos hará felices a todos por igual.

Tres. El ministerio de TIC tuvo el cuidado de salvaguardar la financiación de la televisión pública, delicado tema que hizo fracasar un intento anterior.

Cuatro. Para Sylvia Constaín y su equipo de asesores, los temas de gobernanza de Internet, participación de la ciudadanía y de los consumidores en la política pública de TIC, libertades digitales y otros temas políticos no figuran en su centro de preocupaciones. Al menos no por ahora.