La valiente decisión de imponer tributo a Google, Facebook y Uber, podría quedar en solo buenas intenciones.

Por Álvaro Montes

Si en algo resulta confusa la reciente reforma tributaria es en el punto relacionado con el impuesto a las tecnológicas que prestan servicios desde el exterior. El impuesto es justo y necesario, sin discusión, pero la DIAN no tiene idea cómo hará efectivo este cobro y a nuestra consulta acerca de ese tema, respondió que disponen de un año para estudiarlo, porque el cobro entrará en vigor apenas en enero de 2024.

La valiente decisión del primer país latinoamericano que se atrevió a imponer un tributo unilateral y directo a las tecnológicas – famosas por evadir impuestos a lo largo y ancho del mundo – va quedando por ahora en casi nada nuevo. ¿Cómo saber cuánto vendió Netflix este año en nuestro país, si nadie sabe cuántos colombianos están suscritos al popular servicio de streaming? ¿Cómo calcular las ventas de Microsoft si la mayoría de los clientes colombianos pagan a una filial en Irlanda?

Expliquemos el contexto: las empresas más exitosas de la era digital suelen ser compañías que prestan servicios digitales de entretenimiento, redes sociales, marketing y soporte a los negocios, como el streaming de videos de Netflix, los anuncios publicitarios en Google y Facebook, o la computación en la nube de Amazon y Microsoft, para citar unos casos bien conocidos. Estas compañías prestan sus servicios desde el exterior, y el dinero que los colombianos pagan por disfrutarlos no van a cuentas bancarias en nuestro país sino a paraísos fiscales como Irlanda o las Bermudas, que es en donde estas grandes marcas tienen su residencia fiscal. La DIAN no ve un peso de estos negocios. Colombia padece el conocido fenómeno de la evasión tributaria por parte de las empresas globales de era digital, mismo padecimiento de la casi totalidad de naciones del planeta.

Cansados de esta situación, los países miembros de OCDE, junto con numerosas otras naciones (138 en total) emprendieron desde hace varios años una lucha por el impuesto digital, con la idea de lograr que se haga justicia tributaria y cada mercado en donde estas grandes tecnológicas amasan fortunas increíbles se beneficie con el impuesto de rigor. En 2021 se logró un histórico acuerdo con Estados Unidos y el G20 (cuna de la mayoría de estas grandes compañías) mediante el cual las grandes empresas globales tributarán sobre el 15 por ciento de sus ventas globales, y en cuestión de un par de años como máximo, los países beneficiarios empezarán a percibir algo de tributo. Aunque la noticia fue bien recibida (porque 15 por ciento es mejor que nada) hay críticas sólidas, como la de Joseph Stiglitz o la de Thomas Piketty, quienes advierten que el desequilibrio tributario se mantendrá, porque las empresas nacionales en la mayoría de países tributan sobre el 30 por ciento o más de sus ingresos y porque el acuerdo establece que solo tributarán a partir de un umbral muy alto de ingresos – 20.000 millones de dólares exactamente – por lo que muchas multinacionales permanecerán a salvo.

Nadie tiene idea cómo saber cuánto es ese 3 por ciento, a menos que las empresas voluntariamente decidan presentar una declaración de renta, algo que se da por descontado que no haránColombia, miembro de OCDE, decidió no esperar y en la reforma tributaria quedó establecido un cobro del 3 por ciento sobre las ventas para las empresas que clasifiquen en la categoría de “presencia económica significativa” en nuestro mercado, aunque tengan residencia fiscal en otro país. Allí entran desde Uber y Amazon, hasta startups colombianas que, aunque fueron fundadas por compatriotas y son orgullo de la economía digital de nuestro país, tuvieron la precaución de establecer su residencia fiscal por fuera, como Platzi.  Es el primer país latinoamericano que impone tal decisión.

El problema es que el artículo 48 de la reforma tributaria podría quedar en una declaración de buenas intenciones. Nadie tiene idea cómo saber cuánto es ese 3 por ciento, a menos que las empresas voluntariamente decidan presentar una declaración de renta, algo que se da por descontado que no harán. Entre tanto, se apela a una figura que existe en la actualidad en nuestro ordenamiento tributario para la tributación de no residentes: la retención en la fuente, con tarifa del 10 por ciento. En este caso, lo que se prevé como obligatorio es que quien realiza los pagos (personas residentes en Colombia) hagan la retención en la fuente del 10 por ciento del monto del pago, por lo que son los particulares los encargados de hacer el recaudo del impuesto y luego transferirlos a la DIAN. 10 por ciento debería ser superior a 3 por ciento, pero en realidad no. La retención en la fuente solo pueden practicarla los agentes retenedores. Ni usted ni yo lo somos, así que su suscripción mensual a Netflix continuará sin pasar por la DIAN y la compañía de streaming más famosa del mundo no tendrá que tributar en Colombia.

Cuando la DIAN finalmente encuentre una manera de cobrar la tasa del 3 por ciento sobre las ventas totales, probablemente la OCDE ya tendrá en operación su cobro multilateral, y lo que se introdujo en la reforma tributaria perderá vigencia. “La reforma en general trae varias malas adaptaciones de mecanismos estudiados por la OCDE, como es el caso tasa mínima, por lo que se tendrá que revisar la aplicación de estos impuestos una vez entren en vigor las medidas establecidas por dicho organismo“, explicó el experto tributario Carlos Giovanni Rodríguez.

¿Cómo reaccionan las tecnológicas en los países en donde han comenzado a aplicarse las tasas de tributación? Google informó que trasladará a los anunciantes un alza de 2 por ciento en sus tarifas en Francia y España, países que desde el año pasado implementaron esas tasas. Amazon también subió un 3 por ciento el costo para los vendedores en su plataforma.

“Sin duda estos servicios se van a encarecer, y son servicios que las pymes colombianas requieren para sobrevivir, como los servicios en la nube o el marketing digital, que subirán de precio“, advierte Maria Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

En Colombia, los gremios que representan los intereses de las tecnológicas se opusieron al tributo, bajo el manido argumento de la “desincentivación” de la inversión extranjera. Hay que pagar impuestos, eso no debería estar en discusión. Pero los críticos tienen razón en algo: la reforma tributaria apuntó bien al problema, pero el disparo saldrá errado.