Netflix tendrá que declarar renta en Colombia, si se aprueba la reforma tributaria. Pero expertos de la industria audiovisual quieren más, como imponerles la contribución al Futic y otras medidas para estimular el cine nacional.

Por Álvaro Montes

Todas las oficinas de impuestos del mundo tienen en la mira a Netflix. Y también al resto de plataformas de streaming audiovisual, como Amazon Prime, HBO y Disney, que han hecho por años una fiesta con sus servicios de películas y series a la carta para más de 600 millones de suscriptores en 190 países, sin pagar casi tributo alguno. La magia de hacer sonar la caja registradora sin reportarlo a la autoridad tributaria local consiste en no tener oficinas en el país y operar desde el exterior, gracias a la tecnología de transmisión sobre internet.

La DIAN, desde luego, también desea que estas compañías paguen impuestos. Así quedó establecido en el proyecto de reforma tributaria en curso en el Congreso. El proyecto de Ley crea la figura de “presencia económica significativa”, para ponerlos a declarar renta. Con esta figura la estrategia de no abrir oficinas aquí se tornará inútil, puesto que cualquier compañía extranjera que obtenga al menos 31.300 UVT, esto es 1.189 millones de pesos por transacciones en el país (es decir, las suscripciones mensuales a sus servicios), o cuando mantiene interacciones comerciales con 300.000 personas o más, clasifica para pagar impuestos. La sacan barata, porque pagarán un impuesto de renta del 20 por ciento, todavía inferior al 35 por ciento que tributan las empresas residentes en Colombia.

Facebook y Google, que reciben al menos el 82 por ciento de la inversión total publicitaria digital en el país, tendrán que tributar. A la fecha, la DIAN jamás ha visto un solo peso de las ventas superiores al billón de pesos anuales de estas dos gigantes compañías.

Todas estas marcas (Uber, Didi, Netflix, etc.) desde 2016 recaudan el IVA y lo entregan sagradamente a la DIAN. Pero ese es un impuesto a los consumidores, no a las empresas. La reforma en curso cambiaría significativamente la situación. El gobierno del presidente Petro no es el primero en el mundo que propone tal cosa. De hecho, el año pasado la OCDE y el llamado Grupo de los siete (las economías más poderosas del mundo) suscribieron un acuerdo global para aplicar una tasa impositiva del 15 por ciento a las compañías multinacionales (todas y no solo las del sector del entretenimiento) y erradicar así el feo vicio de no pagar impuestos.

“La encuentro justa, porque busca que les apliquen las mismas reglas a todos“, dice el abogado especialista en derecho del entretenimiento, Omar Umaña, quien resalta el hecho de que no se dará a las multinacionales un tratamiento impositivo peor que a las empresas colombianas, sino todo lo contrario. Regulaciones como esta son similares a las que ya fueron establecidas en Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países latinoamericanos.

“Es una idea necesaria y debe hacer parte de un paquete de renegociación del estado colombiano con estas plataformas“, dice Jerónimo Rivera, profesor de la Universidad de La Sabana. Observa que cuando Netflix llegó al país era un competidor periférico, sin gran importancia, pero hoy tiene una gran trascendencia en el mercado audiovisual nacional y las reglas de juego deben cambiar. “No tiene lógica que los distribuidores colombianos de contenidos tengan unas condiciones tributarais y los operadores de streaming no las tengan”.

El experto Gabriel Levy señala que aquí lo relevante no es el impuesto en sí mismo, sino la nivelación del terreno de juego frente a todos los demás actores de la cadena de valor de la industria de las telecomunicaciones. “Todos tienen que pagar impuestos; ellos compiten en el mercado, generan recurso aquí y hasta quiebran competidores, como ha quedado demostrado“. Además de declarar renta, las OTT (como también se les conoce a las plataformas de streaming) tendrían que aportar al fondo de las comunicaciones Futic, con la misma tasa de contraprestación que tienen los operadores tradicionales, del 1,9 por ciento”, agrega Levy.

Pero ponerlos a declarar renta no es lo único que otros países están haciendo. Francia, por ejemplo, estableció una ley de cuotas de pantalla, que estipula que en las parrillas de Netflix y demás compañías de streaming, debe haber al menos un 40 por ciento de contenidos producidos en Francia. No es, desde luego, un tema de la reforma tributaria, pero es una idea que ha sido propuesta varias veces en el país. En este punto, los expertos consultados no ven con buenos ojos una medida como esa. Gabriel Levy opina que las cuotas de catálogo son útiles y protegen a las industrias nacionales, pero merece una discusión en cada país. Hay unas muy exageradas, como la de Francia, que es inconveniente porque es una injerencia indebida en las reglas de juego del libre mercado.

“Netflix y Amazon invierten en contenido hecho en Colombia, mucho más de lo que se les podría obligar en una ley, así que no hay que satanizarlos, porque lo están haciendo bien“, opina el abogado Umaña.

El reconocido realizador audiovisual Carlos Reyes teme que obligar la inclusión de contenidos local puede convertirse en un arma de doble filo porque simplemente por cumplir la cuota se puede bajar la calidad de los productos y afectar a la industria audiovisual. “Cumplir con cuotas puede llevar a que los productos incluidos sean cualquier cosa”, advierte.

Las propuestas

Para Reyes, es importante mantener leyes como la 814, popularmente conocida como Ley de cine, gracias la cual se disparó la producción nacional, que ha hecho mucho por la cinematografía colombiana y la industria audiovisual, así como otras normas que han atraído inversión extranjera.  La coproducción es fundamental para el desarrollo del audiovisual nacional y en su opinión, lo que habría que hacer es buscar alianzas entre estas OTT, Mintic, Proimágenes y el fondo de desarrollo cinematográfico para que haya planes reales de coproducción. Es necesario conservar las cosas que están funcionando para la industria nacional.

Así que cualquier desmonte de los estímulos al cine nacional y a la inversión extranjera, sería un golpe de gracia con la naciente industria audiovisual colombianaAunque el gobierno anunció que un peligroso párrafo de la primera versión de la reforma tributaria que eliminaba la ley de cine y los estímulos a la inversión extranjera en Colombia será eliminado – en atención a los reclamos de productores y realizadores – el párrafo todavía aparece en el texto que se discute en el Congreso. “Cada dos años, cuando hay reforma tributaria, quieren tumbar estas leyes; hace dos años estábamos en las mismas, hablando con congresistas y gobierno para proteger a la industria nacional“, advierte Andrés Jaramillo, abogado experto en temas de derecho del entretenimiento.

La reforma lo que concibe es el impuesto de renta, que irá al tesoro nacional, porque no puede haber impuestos de destinación específica. “Pero si se quiere fomentar de manera directa el audiovisual colombiano, habría que diseñar una contribución parafiscal, como el fondo para el desarrollo cinematográfico”, propone Jaramillo. Recordemos que cada vez que alguien entra a una sala de cine en Colombia, un pequeño porcentaje de la boleta va directo a ese fondo, cuyos recursos se asignan por convocatoria cada año. Ciro Guerra y Cristina Gallego recibieron recursos de dicho fondo para producir El abrazo de la serpiente, que los llevó a la histórica nominación al Oscar.

Jaramillo opina que “lo que nos falta para visibilizarnos más es promoción, para cambiar la percepción del público sobre el cine colombiano, que cree que en nuestro país solo se produce cine de narcos“. La realidad es que el cine colombiano participa apenas del 1,5 por ciento del total de la taquilla, una situación que debe cambiar. Colombia es uno de los pocos países latinoamericanos en donde el cine se volvió una forma de vida real, hay una industria naciente y al menos 17 compañías productoras que ofrecen sus servicios a la industria mundial, gracias a la Ley 1556 de 2012. Proimágenes estima que por cada dólar que sale del país se quedan cuatro en Colombia, y está proyectada una inversión extranjera total de 1,2 billones de pesos.

Así que cualquier desmonte de los estímulos al cine nacional y a la inversión extranjera, sería un golpe de gracia con la naciente industria audiovisual colombiana.

Publicado originalmente en: CAMBIO, en agosto de 2022