Las empresas de telecomunicaciones están felices con el presidente y con la ministra de TIC, quienes concertan con ellos, pero no con el resto de la sociedad ni con los usuarios, las nuevas políticas del sector.

Tal como se preveía, el gobierno de Iván Duque está diseñando sus políticas con el principal objetivo de satisfacer a los empresarios y a las grandes empresas. En el sector TIC se puede ver claramente. La nueva minista Silvya Constaín está preparando un proyecto de Ley que introducirá las reformas estructurales en el sector que las empresas de telecomunicaciones venían pidendo de tiempo atrás, y alrededor de las cuales se generaron choques con el gobierno anterior.

El nuevo proyecto contiene exactamente los puntos, y otros más, que ya figuraban en el fallido intento de ley de regulador convergente que se hundió en julio pasado, al final de la última legislatura del congreso anterior. Se hundió en ese momento porque ya era tarde para darle trámite, pero sobretodo porque ponía en peligro la financiación de la televisión pública y contenía algunos “micos” alarmantes.

El proyecto de ley unificaba el fondo de televisión (del que salen los recursos para los canales públicos), con el fondo de TIC, y dejaba a la TV sin un futuro claro en materia presupuestal. Ante la confusión que generó el en Congreso la poca claridad que había respecto de este tema, los parlamentarios decidieron archivarlo, por solicitud del propio gobierno anterior.

La “resurrección” de esta iniciativa trae un cambio importante: se mantiene la propuesta de unificar en uno solo los fondos de TIC y de televisión, pero se asegurará un porcentaje fijo de este, para entregarlo a los canales nacionales y regionales de carácter público, y de este modo no afectar su sostenimiento. “El nuevo proyecto de ley va a ser diferente, está atacando las preocupaciones de la industria de una mejor manera y está dando más tranquilidad a la TV pública sobre los fondos que la financian”, explicó José Daniel Gómez, gerente de Directv.

En esencial, está contemplada la unificación de las actuales Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) en un nuevo organismo rector del sector, y la unificación del Fondo TIC y del Fondo de televisión, en una bolsa única en la que habrá un porcentaje, no establecido aun, para financiar la televisión pública. En el intento anterior, durante la legislatura pasada, este renglón no figuraba.

El ministerio de TIC, que llevará la iniciativa al congreso en breve, no ha dado a conocer el texto definitivo del proyecto, pero el viceministro Iván Mantilla ya sostuvo reuniones con los empresarios del sector para socializar un borrador. Y hubo una reunión con la Cámara Colombiana de Informática y Telecomuncaciones, cuyo presidente, Alberto Samuel Yohai, tomó parte personalmente en el ejercicio de empalme durante la transición. Yohai hizo parte del equipo de empalme del gobierno entrante en el ministerio de TIC, como hicieron parte varios representantes de gremios privados, en otros ministerios. Algo poco usual, poco elegante y que refleja que las políticas de Duque se diseñan con fuerte influencia de las empresas y de los gremios.

Los principales operadores de telecomunicaciones del país se quejaron durante el reciente congreso Andicom, de las condiciones inconvenientes en las que, según ellos, deben competir. “Hacemos permanentes inversiones en el país, el trafico crece y crece, pero el ingreso no crece. Por eso estamos pidiendo la ayuda del gobierno”, dijo Jaime Peláez, presidente de Internexa, compañía que presta servicios de infraestructura a los operadores telefónicos. Los empresarios pidieron “seguridad jurídica, promoción de la inversión y optimización de recursos para cerrar la brecha digital”. La “seguridad jurídica” se refiere a la propuesta de las empresas de ampliar la vigencia de las licencias de telecomunicaciones hasta 30 años, de tal modo, tengan suficiente plazo para el retorno de la inversión. Actualmente, las licencias de televisión y de telecomunicaciones en Colombia se confieren por un término de diez años.

La “promoción de la inversión” se refiere a la reducción de las cargas tributarias. Los operadores de telefonía aportan el 2,2 por ciento de sus ingresos brutos al fondo de TIC, con el que el gobierno financia sus proyectos en el sector, y los operadores de televisión por suscripción aportan en promedio el 3,65 por ciento de sus ingresos brutos al fondo de televisión, con el que el gobierno financia los canales públicos. La propuesta de los empresarios, presentada ayer en Cartagena, es unificar un solo tributo en 1,96 por ciento de los ingresos brutos.

También pidieron la “desregulación” del sector, para permitir que nuevos modelos de negocio, como los contenidos transmitidos vía streaming, puedan ser desarrollados en el país y permitan a los operadores y a los canales por suscripción competir en igualdad de condiciones con empresas internacionales, como Netflix, que prestan sus servicios sin someterse a las regulaciones nacionales y sin pagar los impuestos que tributan las empresas asentadas en Colombia.

Por último, pidieron acelerar la asignación del espectro que se necesita para asegurar el despliegue de la futura telefonía de quinta generación (conocida como 5G), que estará disponible en los próximos dos años en todo el mundo. Según los adelantos que la ministra Constaín y el mismo presidente Duque han hecho públicos, todas estas demandas de las emrpesas serán incluidas en los proyectos que el MinTic prepara. No conocemos de consultas a organismos de la sociedad civil, a organizaciones de usuarios de las telecomunicaciones ni a la academia, entre otros actores que podrían opinar acerca de lo que el país necesita en materia de tecnología.